El Gobierno y bancos españoles han llegado un acuerdo para acabar con las cláusulas suelo, es decir, el interés mínimo fijado en contratos hipotecarios que impide que el hipotecado pague menos cuando el Euribor se mantiene en niveles bajos. El desencadenante de dicha decisión es la macrodemanda contra 101 entidades bancarias sobre la que está a punto de pronunciarse el Juzgado nº11 de lo Mercantil de Madrid, además de la extensa jurisprudencia a favor de suprimirlas desde 2013.
En este sentido, debe recordarse que en julio se acordó que a partir del 1 de octubre las reclamaciones que se interpongan relativas a la existencia de cláusulas suelo dejaran de ser competencia de los Juzgados de lo Mercantil para ser abarcadas por los Juzgados de Primera Instancia. De esta manera se agilizarán los procesos ya que el tiempo de espera para enjuiciar estos casos se reducirá en más de 2 años.
Las consecuencias directas de la supresión de las cláusulas suelo serán que dicho límite no se vuelva a aplicar a las hipotecas y que la cuota hipotecaria se recalcule conforme al interés variable pactado en el contrato, por lo que supondrá un gran ahorro en la cuota mensual.
Sin perjuicio de lo anterior, el debate se ha generado respecto a otra posible consecuencia: el carácter retroactivo de la medida, es decir, la devolución de lo satisfecho. Deberemos esperar a la publicación oficial del acuerdo en el B.O.E. para saber si, como determinó el Tribunal Supremo en febrero de 2015, se debe proceder a la devolución de las cantidades cobradas desde el 9 de mayo de 2013.
A su vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará próximamente sobre la retroacción de las cláusulas suelo. Muy probablemente determinará la devolución de las cantidades pagadas a través de las cláusulas suelo, no ya desde 2013 como afirma el TS si no desde que se constituyeron las referidas hipotecas por entender que son cantidades obtenidas ilícitamente mediante cláusulas nulas.